La mañana de este lunes 10 de noviembre de 2025, si, en pleno siglo donde la era digital de la inteligencia artificial se ha popularizado, los habitantes de Escalerillas salieron a las calles de la zona de Lomas, en la capital potosina, para exigir algo tan básico como el acceso al agua potable. No pedían favores ni beneficios políticos: exigían su derecho a vivir con dignidad, tras meses de padecer la falta del vital líquido y las deficiencias en el servicio de drenaje.
Sin embargo, la respuesta del gobierno municipal no fue el diálogo, sino la represión. Elementos de la Guardia Civil Estatal y Municipal desplegaron un operativo que derivó en agresiones físicas y detenciones arbitrarias contra los manifestantes.
Varios de los retenidos fueron trasladados al Edificio de Seguridad, donde permanecieron por horas sin que se informara de manera clara sobre su situación legal.
El operativo, realizado en plena hora de entrada a escuelas y centros laborales, generó caos vial, sí, pero también dejó una sensación mucho más profunda: la de un gobierno que prefiere usar la fuerza antes que escuchar. Algunos automovilistas incluso relataron que policías viales les habrían dicho que podían avanzar “aunque atropellaran a alguien”, una frase que revela el nivel de descomposición y deshumanización dentro de las corporaciones de seguridad.
Mientras tanto, la comunidad de Escalerillas enfrenta también un conflicto interno: durante la manifestación, los pobladores desconocieron públicamente a su representante ejidal, Ramón, a quien acusaron de firmar acuerdos con las autoridades sin consultar a sus representados. Para ellos, esa firma fue una traición a la causa colectiva, pues aseguran que el problema del agua sigue sin resolverse y que el ejido no puede ser negociado a espaldas de quienes lo habitan.
El malestar social no surge de la nada. Hace apenas unos días, un estudiante destacado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) perdió la vida víctima de un asalto, incrementando la percepción de inseguridad en la capital. Hoy, esa misma zona —la Glorieta de la Familia— fue escenario de un nuevo operativo con más de un centenar de uniformados, concentrados no para proteger, sino para contener a ciudadanos desarmados que solo pedían agua.
Las comparaciones con Nochixtlán, Oaxaca, no tardaron en surgir. Organizaciones civiles recordaron que el actual alcalde, Enrique Galindo Ceballos, fue cesado de su cargo como comisionado de la extinta Policía Federal tras las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante aquel operativo, por el cual la CNDH emitió una recomendación.
Hoy, bajo su administración municipal, la historia parece repetirse.
La Guardia Civil Municipal actúa con el mismo rostro autoritario y con la misma lógica de control que prioriza el orden por encima de los derechos. Pero gobernar no se trata de imponer silencio con escudos, sino de escuchar las voces que claman justicia y servicios básicos.
El reclamo de Escalerillas no es solo por agua: es por respeto, por dignidad y por el derecho a ser tomados en cuenta. Lo que debió ser una mesa de diálogo terminó en un operativo violento y en la pérdida de confianza hacia sus propias autoridades comunitarias.
San Luis Potosí no necesita más despliegues policiales; necesita empatía, transparencia y soluciones reales.
Porque cuando un pueblo debe pelear por agua y recibe golpes como respuesta, es claro que no falta líquido: falta humanidad.