San Luis Potosí, S.L.P. — Con el objetivo de desincentivar conductas negligentes entre operadores del transporte público, la diputada María Dolores Robles Chairez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 100 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
La propuesta plantea que, dentro del apartado de multas administrativas no fiscales, cuando se trate de infracciones de tránsito cometidas por operadores de vehículos de transporte público de pasajeros —en cualquiera de sus modalidades— que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los pasajeros, de otros usuarios de la vía pública o de terceros, las autoridades municipales incrementen las sanciones en un 50 por ciento adicional sobre el monto original.
Esta disposición deberá incorporarse en las leyes de ingresos municipales, a fin de contemplar la sanción agravada y con ello fomentar la prevención y el respeto a la vida, fortaleciendo además la cultura de la responsabilidad vial.
Robles Chairez explicó que, aunque la Ley de Tránsito de San Luis Potosí ya establece sanciones para diversas infracciones, no contempla agravantes específicas para aquellas cometidas por operadores del transporte público, quienes por la naturaleza de su labor transportan a un mayor número de personas y, por tanto, asumen un riesgo más elevado.
Actualmente, señaló, la regulación equipara las faltas cometidas por conductores particulares con las de operadores del transporte público, sin tomar en cuenta la mayor magnitud del daño potencial que estos últimos pueden ocasionar.
La legisladora subrayó que su propuesta no busca criminalizar el trabajo de los operadores, sino garantizar que el servicio de transporte público se preste bajo estándares más altos de seguridad y cumplimiento normativo.
“Se trata de agravar las sanciones para aquellas infracciones que incrementan el riesgo para los pasajeros, como conducir a exceso de velocidad, manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias, no respetar señalamientos viales o realizar maniobras peligrosas”, precisó.
Finalmente, Robles Chairez destacó que esta medida también busca enviar un mensaje claro a la ciudadanía, reafirmando el compromiso de las autoridades con la protección de los derechos de los usuarios y la garantía de un transporte público seguro, eficiente y digno.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.